Una directiva presidencial del gobierno de Iván Duque que desde el pasado 7 de agosto no debería tener efectos legales porque ya no está, es la que siguen mandos militares y de policía según la denuncia de líderes sociales entre ellos Ramón Apraez y es la que sostiene las erradicaciones forzadas y las fumigaciones terrestres con glifosato en el Putumayo.
Durante dos días se han reunido autoridades regionales y locales y líderes sociales y otras autoridades y durante esa cumbre se consideró este tema.
Las comunidades cocaleras piden que sean suspendidas las erradicaciones forzadas, tal como lo anunció el gobierno de Gustavo Petro, sin embargo reclama Apraez que según la Constitución Política de 1991, las mayores autoridades en un municipio son los alcaldes y son los generales y coroneles que pertenecen a las fuerzas militares y de policía quienes deben considerar acatar las medidas impartidas por los mandatarios elegidos popularmente y no se está considerando la ley.
No se sabe en que momento esa directiva presidencial dejará de tener efectos. Por ahora se reclama que debe aplicarse de inmediato el articulo uno del Acuerdo de Paz, para destinar los 3 millones de hectáreas para los campesinos y así otorgar los títulos de tierras.
Con esas escrituras ya podrán acceder a los proyectos del PNIS que deben ser ajustados en su precio, pues fueron presupuestados hace 4 años y los costos han variado significativamente.
#Putumayoaldia
