Nueva denuncia por asesinato y tortura de un campesino en Puerto Guzmán Putumayo.

 


Pronunciamiento Público:

Colombia es hoy un festín de violencia; varias regiones del país viven hoy la crisis de inseguridad más alta de los últimos tiempos, evidenciando la complicidad del Gobierno Nacional y su aparato represor, que hoy hace silencio mientras se incrementa las acciones paramilitares y la disputa territorial de grupos armados en la profunda Colombia, acciones que hacen parte del saboteo al contexto electoral y la campaña de hacer trizas el
ACUERDO DE PAZ.

La crisis humanitaria por la que atraviesan las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, resultado de la ausencia
institucional, la no implementación de lo acordado en el acuerdo de paz con las Farc, así como el incremento de la Violencia, desatado
por la Erradicación Forzada, Disputa por Territorio de los GAOS y acciones desmedidas e irregulares de la Fuerza Pública, Factores
de Riesgo que hacen parte del día a día de la Región Andino Amazónica.

1. Lo sucedido en la Vereda el Remanso el pasado 28 de marzo ha desatado muchas tensiones, preocupaciones y miedos en
la comunidad, caso que aun busca el Gobierno Nacional invisibilizar y no reconocer como Falso Positivo o Ejecución Extrajudicial; las familias Víctimas Directas e indirectas, viven en medio del dolor y luchan por qué este caso no quede impune, el Gobierno y las Fuerzas Militares, no solo insisten en los falsos señalamientos sino que además las estigmatizan e intimidan con informes desacertados de inteligencia que no concuerdan con la verdad de lo sucedido y en el contexto en que se desarrolla ese atroz operativo.

Este caso al estar muy rodeado, a generado discusiones profundas y de fundamental análisis, teniendo en cuenta que son los casos más dolorosos que puede vivir una comunidad en medio de las causas estructurales del conflicto interno, más aún cuando a hechoscomo estos se le suma la continuidad de amenazas, intimidación, desaparición forzada, ordenes de desplazamiento y homicidios selectivos y sistemáticos en el mismo municipio, conflicto que se traslada a las zonas de frontera y al interior de la región y el país, son más de 6.000 mil los casos de falsos positivos documentados en el país, de esos varios vividos en putumayo en otras épocas; la
Red de DDHH evidencio denuncio y demando el último de ellos, presentado en la vereda Amarradero de Jardines de Sucumbíos, ante
ello hemos insistido en que el Ejército Nacional en representación y cumpliendo órdenes del Gobierno Nacional no puede ni debe
intentar tapar a dos manos el daño tan grande que le continúan haciendo al territorio, por el contrario hoy más que nunca están
llamados a RECONOCER y aportar a la RECONCILIACIÒN y construcción de PAZ que la profunda Colombia merece.

2. Las jornadas de Erradicación Forzada y Fumigación Terrestres con glifosato, realizadas con Bomba de Espalda y/o
Estacionaria, se convierten en causales de movilización y protesta social, elevando el nivel de riesgo de los habitantes de la
zona rural y desatando caos y violencia, pasando por encima de los Planes, Programas y órdenes Judiciales que se deben
aplicar antes y después de dichos procedimientos, con rutas claras de prevención y protección para las comunidades
revictimizadas por el incumplimiento del Gobierno Nacional, el desacato y apatía de la Gobernación del Putumayo y alcaldías
de los municipios donde las jornadas se incrementa desde el 2020.

Existen, los Decretos 003 del 2021 Nacional y 0203 del 2021 Regional, que orienta activación de dialogo y aplicación participativa de
concertación para planes de Contingencia que aterricen rutas de prevención, las cuales al parecer las oficinas y sus funcionarios
desconocen o no han tenido la intención de aplicar, paralelo a esto no se da cumplimiento al rol de cada figura institucional emanadas
del Acuerdo de Paz conectadas con las acciones que en clave de Seguridad y DDHH las oficinas deben aplicar y no se hacen,
permitiendo que el problema se agrave y que la comunidad quede más Vulnerable ante las dinámicas internas del conflicto.

3. La ola de homicidios sistemáticos persiste en la región, incrementando el terror y zozobra en los habitantes; la intranquilidad
y la inestabilidad institucional para brindar garantías de vida y de no repetición también crece, Puerto Guzmán después de Leguizamo
representa el municipio con más muertes en zona rural cuerpos reconocidos y no reconocidos, resultados de la disputaterritorial entre actores armados ilegales, como es el caso del asesinato y tortura contra la vida del señor JHON JAIRO PAGUATIAN habitante de la Vereda la Torre, de este municipio; al parecer fue asesinado el día 7 de mayo, después de que lo amarraron y golpearon.

Este caso se convierte en el número 26 de nuestra base de datos, en lo que va corrido del año, con la características que son casos
relacionados con el conflicto interno armado y sus nuevas dinámicas; hechos que elevan el nivel de riesgo de los habitantes campesino, indígenas y afros que reivindican el Derecho a la Vida y el Respeto por lo DDHH y el DIH, ante lo cual los actores armados legales e ilegales están llamados también a respetar, según tratados y principios internacionales.

4. Quienes pertenecemos a la Red de DDHH, seguimos siendo víctimas de intimidación, persecución, señalamientos y amenazas; nosotros y nosotras hombres y mujeres campesin@s, defensores y defensoras de DDHH; algunos habitantes de los municipios de frontera se les han manifestado que por estar activamente participando en agendas
interinstitucionales, ya no somos personas gratas en las comunidades elevando su nivel de riesgo y evitando que continúen con el rol de defensores de DDHH al interior de sus municipios y comunidades, esto en concordancia con lo que se manifestó
contra los Defensores de DDHH en un pasquín que publicaron nuevamente en cuentas de Facebook, el pasado 27 de Abril
2022, dejando ver el inconformismo o desacuerdo para con la labor que se desarrolla.

Con base en lo anterior y conscientes de lo que hoy significa el papel de la Red de DDHH en la región, insistimos en que la campaña
que a partir del 2020 se definió para acabar con las organizaciones sociales que abanderamos el Acuerdo de Paz el PNIS y la
construcción participativa de Planes y Programas de PROTECCIÒN, PREVENCCIÒN y GARANTIAS DE NO REPETICIÒN continua
y aunque desestabilizaron y opacaron organizaciones de base y regionales como lo referencia la Alerta Temprana 013-2021, ha sido muy complejo para a Red sortear el derecho a la vida de sus integrantes, más aun cuando por parte del Gobierno Nacional y Local se evidencia más y más ausencia e inoperancia ante las acciones de Prevención y Protección.

5. Existen reportes de personas dadas por desaparecidas y de posibles fosas en la ribera del río Putumayo, familias desesperadas buscando a sus hijos y familiares, acudiendo a la ayuda de entidades y oficinas desde el 2021 y no han logrado ser atendidas, familias que además están en riesgo por buscar a sus seres queridos y que merecen total acompañamiento.

Datos como estos que se repiten en la historia de conflicto de la región no están siendo acompañadas, Fiscalía y la Fuerza Pública
hacen caso omiso a estos reportes, dejando a la deriva las familias y a las comunidades que directa e indirectamente están afectadas
por este modo operandi de los actores armados ilegales.

6. Los municipios de Orito, San Miguel y Valle del Guamuéz y La Inspección de Jardines de Sucumbíos, llevan más de una semana en alarma, confinadas por la orden de no desplazamientos, se vieron obligados en algunas veredas a suspender clases y jornadas laborales de los habitantes de las comunidades campesinas, indígenas y afros, se han desatado también desplazamientos de familias, muchas de las cuales, ante la zozobra y el miedo han preferido refugiarse con amigos y familiares. El temor e incertidumbre continúa ante la fuerte acción de los grupos armados que se disputan ese territorio
Fronterizo.

Estos hechos anunciados en las Alertas Tempranas que existen para con putumayo, como método de prevención evidencia la no
activación de planes que aporten a la estabilidad de los habitantes, por el contrario se encuentran en alto estado de vulnerabilidad y abandono del Gobierno Nacional, se ve en la obligación de activar mecanismos propios de auto protección; Nos corresponde a la
Red de DDHH insistir en el llamado urgente de ACUERDO HUMANITARIO, que comprometa a los actores armados por el respeto
a la vida y la no vinculación de la población civil en sus acciones de guerra.

Fuente: Red de DDHH Putumayo, Jardines de Sucumbíos Nariño y Piamonte Cauca.
#Putumayoaldia

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