La ruta Trump que propone Uribe para Colombia.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, no es un mal perdedor. Es simplemente pasado que se niega a aceptar el presente y futuro de un país que se hastió y repudia ya en las urnas su forma de actuar y resolver todo a la fuerza y con la utilización de la violencia, muy al estilo de su tristemente célebre coterráneo, Pablo Escobar Gaviria.

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Por eso desde su voracidad e imposibilidad de desapego al poder se atreve hoy, ad portas de perderlo en las urnas, a proponer abiertamente el desconocimiento de los resultados de las elecciones, es decir, a promover un golpe de estado que significaría algo así como incendiar al país antes que dejarlo en manos distintas a las suyas.

Frente a lo anterior surge una inevitable pregunta: ¿La administración Biden comparte y sabe algo sobre la fractura institucional y democrática y el golpe de estado que, muy al estilo  del desconocimiento de los resultados electorales en Estados Unidos hizo Donald Trump y que hoy, como fórmula, están proponiendo para Colombia personajes que a favor del candidato republicano se atrevieron hasta a interferir en las pasadas  elecciones presidenciales norteamericanas como lo hicieron Álvaro Uribe Vélez y sus correligionarios del Centro Democrático?

Más allá de la amistad personal y de la afinidad política e ideológica entre el uribista embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, y el asesor del gobierno Biden para el hemisferio occidental (Latinoamérica) en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el funcionario de origen colombiano, Juan Sebastián González, la administración demócrata no debería ser indiferente a lo que ocurre en Colombia e ignorarlo sino pronunciarse en defensa de las libertades y la democracia.

En la embajada de Estados Unidos en Bogotá deben estar perfectamente al tanto y notificados de lo que en Colombia está pasando y de lo que se pretende hacer.

Un gobierno altamente cuestionado en materia de derechos humanos y de corrupción, perteneciente a un sector político que detenta el poder desde 2002 y controla a través de sus copartidarios y amigos las Fuerzas Armadas y de Policía, las mayorías en el Congreso, la Fiscalía General de La Nación, La Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil, pretende ahora, con el beneplácito y complicidad de los grandes medios de comunicación volver trizas, ya no el proceso de paz, sino lo que queda de democracia en Colombia.

Y es que aunque parezca inverosímil el jefe del Jefe de Estado en Colombia, desde la más absoluta pérdida de vergüenza y de toda forma de decencia, se atreve a develar ya abiertamente su naturaleza absolutamente  antidemocrática y su carácter tiránico a través de la red social twitter afirmando en una invitación a las vías de hecho, que «no se puede aceptar este resultado» (el electoral) e invitando a que «las autoridades del Estado» que no son como ya se dijo más que aquellas cooptadas por el fanatismo ideológico de su partido procedan a «leer… las inconsistencias de los conteos de votos» y a actuar.

Desde la misma lógica absurda y fracasada de invitar a que con todo el poder del estado bajo su control se pretenda vender la idea de que pudo haber ocurrido un fraude perpetrado por una oposición que ya había sido víctima de un fraude y de una injerencia en contra de un narcotraficante en las elecciones de 2018.

En su relato desquiciado y delirante Uribe pretende hoy hacernos creer que su Registrador actuó contra toda lógica contra quienes lo eligieron y pusieron en su  cargo, no precisamente para brindar garantías de imparcialidad y transparencia a la oposición. Si «estas elecciones dejan toda la desconfianza» no se deberá precisamente a quienes aspiran apenas a ser gobierno y aún no lo son.

Si hay «E-14 llenos de tachones, enmendaduras, (y) firmas que no coinciden» la explicación no puede estar en quienes no hacen selección de los jurados, sino en quienes desataron toda una campaña de rastrera estigmatización contra quienes históricamente actuaban como jurados, es decir, contra los maestros, para luego reemplazarlos por personas afines al Centro Democrático, que como ha quedado evidenciado en redes sociales, no se caracterizan precísamente por su educación, altos niveles de escolaridad y ortografía. Curiosamente en épocas en que los maestros, apartados de la función de jurados, actuaban no había problemas y la «izquierda» no ganaba.

Pero el colmo del descaro de Uribe es tachar a millones de ciudadanos en las grandes ciudades como parte del narcotráfico por no votar por su partido e intentar asociar «la abrumadora votación del petrismo» con «narcotráfico», quien lo creyera, bajo el gobierno que se benefició de la acción del narcotraficante «Ñeñe» Hernández y que se dio el lujo hasta de tener intocables embajadores propietarios de narcofincas en las inmediaciones de Bogotá, para despachar cocaína hacia el exterior desde el mismísimo Aeropuerto Internacional El Dorado, sin que las autoridades vieran o se enteraran de nada durante el actual gobierno.

Desde toda esta perspectiva, Estados Unidos no puede darse el lujo, está vez, de guardar silencio frente a esta especie de aliado que recuerda y supera con creces al expresidente panameño Manuel Antonio Noriega. Parlamentarios como Bernie Sanders y Alexandra Ocasio Cortéz deberían tomar nota y advertirle al presidente Biden que Estados Unidos  no puede permitirse que en Colombia, de facto, siga gobernando un partido político que contaminó a todas las instituciones y desfigura las idea de democracia.

 

 

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