Justo cuando el panorama para que el Gobierno Duque pudiera retomar las aspersiones con glifosato parecía más claro, luego de haber logrado en diciembre pasado la audiencia pública para la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del programa de fumigación, una nueva decisión judicial parece ponerle un freno al proceso. Una tutela presentada por todas las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas del Pacífico Nariñense, agrupados en la Redhpana, y el colectivo Orlando Fals Borda logró que una resolución de la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que había estado en el fondo de la discusión para el regreso del glifosato, fuera suspendida.

Se trata de la Resolución 001 de 2020, en la que la Dirección de Consulta Previa del Mininterior certificaba que en el área de los 104 municipios de los seis núcleos geográficos en los que se pretende asperjar estaban excluidos los territorios étnicos, por lo cual no procedía el mecanismo de consulta previa, un derecho para estas comunidades. Con base en ello, el PMA que elabora la Policía, quien ejecuta ese programa de fumigación, siguió su curso en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en donde el 19 y 20 de diciembre del año pasado surtió audiencia pública ambiental, luego de que ese espacio fuera suspendido varias veces por decisiones judiciales, después de que organizaciones sociales habían entutelado ese encuentro.