La ONU  promueve seguimiento a medidas a favor de 15 pueblos indígenas de Putumayo.

Bogotá, agosto 06 de 2019
Es un honor para mi, en Representación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, acompañar la instalación de un espacio interinstitucional de intercambio y concertación en apoyo a las medidas de protección territorial de los quince pueblos indígenas que habitan actualmente la región fronteriza del Putumayo, algunos de ellos desde su ancestralidad, otros que llegaron hace más de sesenta años en busca de territorios sanos y productivos y aquellos que llegaron recientemente desplazados por la violencia.
Trece (13) de estos quince (15) pueblos, han sido valorados como pueblos indígenas al riesgo físico y cultural, estos son: Awa, Korebaju, Embera, Emberakatío, Inga, Camëntsá, Kofán, Nasa, Siona, Murui, Pastos, Kichwas, Yanacona y Pijaos. Todos, a excepción de los Pastos, están explícitamente considerados como pueblos en riesgo de extinción por la Corte Constitucional (Auto 004 del 2009). En disminución progresiva se encuentran los pueblos Korebaju, Siona y Murui . Recientemente – año 2014- familias desplazadas del pueblo Misack llegaron al territorio completando así los quince (15) pueblos indígenas que actualmente habitan en la región.
Y es por esta razón que nuestra Oficina desde su mandato y presencia en Putumayo –ha sugerido al Estado Colombiano una atención prioritaria a la situación de los pueblos indígenas del Putumayo, de manera directa y a través de los organismos e instrumentos internacionales relacionados como el CERD1, el EPU2 y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas3; dichas instancias han recomendado al Estado Colombiano actuar a favor de los derechos de los pueblos indígenas y han alertado sobre las afectaciones a sus derechos y garantías de pervivencia física y cultural en especial la necesidad de garantizar sus derechos territoriales.
1 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial CERD. El Comité expreso textualmente que “…está particularmente preocupado por la situación que enfrentan las y los afrocolombianos en el Norte del Cauca, el pueblo wayuu en La Guajira y los pueblos indígenas en Putumayo y Nariño”. CERD/C/COL/CO/15-16. 25 de septiembre de 2015.
2 Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo Examen periódico universal; Informe del sobre el Examen Periódico Universal; Colombia. Consejo de Derechos Humanos; 39º período de sesiones, 10 a 28 de septiembre de 2018, Tema 6 de la agenda; Recomendaciones 120.170; 120.173;
3 Consejo Económico y Social, Informe sobre el 17º período de sesiones (16 a 27 de abril de 2018) Documentos Oficiales, 2018 Suplemento núm. 23 E/2018/43 E/C.19/2018/11.
Indudablemente tenemos que reconocer los importantes esfuerzos realizados por el Estado
colombiano por garantizar los derechos y libertades fundamentales de los pueblos
indígenas. Sin embargo frente a la magnitud de los retos en este ámbito, falta todavía mucho
por recorrer.
Los estándares internacionales y la Constitución Política de Colombia reconocen el derecho
inalienable, imprescriptible e inembargable del derecho al territorio de los pueblos étnicos –
indígenas y afrodescendientes-. La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas insta a los Estados a establecer mecanismos eficaces para la
prevención y resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles
sus tierras, territorios o recursos. (Artículo 8, numeral b) y señala que “Los pueblos indígenas
tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que
poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización,
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma” (Artículo 26, numeral 2) e insta a que
“Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios
y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y
los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.4
En este sentido, la interlocución y el diálogo técnico con las entidades responsables de la
política de tierras (Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras), el
dialogo con el gobierno nacional en cabeza de las carteras con mayores competencias con
este caso, tales como Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de
agricultura, entre otros, son decisivos. Sin duda el Ministerio Publico como garante en
representación del Estado, constituye elemento central para la incidencia a partir de la
Promoción de los mecanismos legales para el reconocimiento e implementación de los
procesos de protección territorial en el marco constitucional y legislativo del país. En esta
labor nos hemos acompañado y apoyado mutuamente con la Defensoría del Pueblo
Regional Putumayo y agradecemos el especial esfuerzo de sus funcionarias y funcionarios
por la protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos.
Finalmente, aun cuando no están presentes en este recinto, reitero mi especial saludo a las
autoridades de estos quince pueblos indígenas quienes el pasado mes de mayo presentaron
después de un arduo trabajo por más de 18 meses, una solicitud y propuesta de
reconocimiento y protección a sus más preciadas garantías de pervivencia, física y cultural
que es su derecho al territorio. Cada pueblo a través de sus autoridades hizo entrega a las
entidades aquí presentes en el nivel regional de una solicitud de protección a sus derechos
4 Asamblea General; 61/295. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; 10 de diciembre de 2007 A/RES/61/295.

ALBERTO BRUNORI
REPRESENTANTE OFICINA EN COLOMBIA DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS